La propuesta de crear una ordenanza para la actividad forestal en Meira y en cinco municipios próximos -Pol, Ribeira de Piquín, A Pontenova, Riotorto y A Pastoriza- sigue suscitando críticas. Diferentes colectivos rechazaron la medida que implica el pago de 0,60 euros por tonelada de madera cortada, lo que consideran “un impuesto más, que penalizará la actividad forestal en tiempos de crisis”.
Los maderistas instan a los ayuntamientos a adaptar las pistas a la nueva maquinaria y aseguran que paralizar las cortas algunos meses, como algún alcalde llegó a sugerir, causaría un fuerte impacto en todo el sector.
Mientras, los mandatarios aseguran que la tasa era necesaria para contribuir al cuidado de las pistas, sin que su aprobación se concibiera como un ataque al sector.
